SIGLO XIII EN ESPAÑA
Cortes de Cuéllar de 1297. Cortes del reino de Castilla celebradas en Cuéllar entre los meses de febrero y marzo de 1297, durante la minoría de edad de Fernando IV de Castilla.
Fueron convocadas por la reina María de Molina, madre de Fernando IV de Castilla, y por el infante Enrique de Castilla el Senador, tutor del rey Fernando IV durante su minoría de edad.
Las Cortes de Cuéllar de 1297[editar]
Las Cortes de Cuéllar de 1297 fueron una asamblea plena a la que se convocó a los ricoshombres, maestres de las órdenes militares y hombres buenos de las villas de Castilla, aunque también asistieron los prelados del reino.1 Los representantes de los concejos concedieron un servicio al rey, que fue destinado a pagar las soldadas de los nobles.2
Dentro de los asuntos tratados en la asamblea destacaron los graves problemas económicos de la Hacienda castellana, y el infante Enrique de Castilla propuso la venta de la plaza de Tarifa al rey Muhammad II de Granada, que había sido conquistada en 1292, durante el reinado de Sancho IV de Castilla, padre de Fernando IV. No obstante, dicha propuesta no fue aceptada por considerar que se trataba de la llave de control Estrecho de Gibraltar y por la oposición de la reina María de Molina.3
El infante Enrique de Castilla consiguió que las Cortes aprobaran la cesión del castillo de Alarcón a su sobrino Don Juan Manuel, nieto de Fernando III de Castilla, como compensación por haberle arrebatado los aragoneses la villa de Elche, a pesar de la oposición de la reina María de Molina, que no deseaba sentar ese tipo de precedentes entre los nobles y magnates castellanos,4 aunque se vio obligada a consentirlo para complacer al infante Enrique, al que hubo de entregar además las villas de Gormaz y Calatañazor para impedir que se uniera a los enemigos de Fernando IV.5
Disposiciones generales[editar]
- Las hermandades concejiles consiguieron imponer que donde residiera la Corte hubiera un consejo permanente integrado por doce hombres buenos, que actuarían como representantes de los concejos. Dichos hombres buenos aconsejarían al rey, a la reina María de Molina y al infante Enrique de Castilla en cuestiones de justicia, de hacienda y de gobierno.2 Dicho consejo permanente fue impuesto por la Hermandad de los concejos de Castilla, que alcanzó así el cénit de su poder e influencia política, al conseguir establecer un mecanismo popular de vigilancia y control de la acción monárquica, especialmente en los asuntos relativos a la justicia y a la fiscalidad.6
- Se dispuso que los clérigos pagarían impuestos, al igual que el resto de los pecheros,2 cuando adquiriesen propiedades situadas en tierras de realengo.7 No obstante, dicha disposición no fue cumplida y se repitió nuevamente en las Cortes de Valladolid de 1298 y 1299, y en las Cortes de Burgos de 1301, aunque en estas últimas con algunas modificaciones.8
- Los encubridores de los enemigos del rey sufrirían iguales penas que estos últimos.2
- Los enemigos del rey Fernando IV deberían devolver los castillos y municipios de los que se hubiesen apoderado.2
Disposiciones relativas a los judíos[editar]
- Los judíos estarían obligados a vender antes de un año las heredades que hubieran adquirido.
Historia[editar]
En 1294, la reina María de Molina, tutora del rey Fernando IV, su hijo, durante su minoría de edad, había amenazado al rey Dionisio I de Portugal con romper los acuerdos establecidos entre ambos reinos en 1295, si persistían sus ataques a la Corona de Castilla, así como si el soberano portugués continuaba apoyando al infante Juan de Castilla, que se había proclamado rey de León. Ante las amenazas de la reina, Dionisio de Portugal aceptó retirarse de la Corona de Castilla en 1296, no sin antes haberse apoderado de Castelo Rodrigo, Alfaiates y Sabugal, territorios pertenecientes a Sancho de Castilla "el de la Paz", nieto de Alfonso X de Castilla.2
Mediante el tratado de Alcañices quedaron fijadas, entre otros puntos, las fronteras entre el reino de León y el reino de Portugal, que recibía una serie de plazas fuertes y villas (entre ellas la entonces encomienda de Olivenza perteneciente a los templarios) a cambio de romper sus acuerdos que lo posicionaban en contra del reino de León, y que habían sido firmados con Jaime II de Aragón, con Alfonso de la Cerda, con el infante Juan de Castilla, y con Juan Núñez de Lara el Menor. Al mismo tiempo, en el Tratado de Alcañices fue vuelto a confirmar el proyectado enlace entre Fernando IV de Castilla3 y la infanta Constanza de Portugal, al tiempo que se acordaban los esponsales entre el infante Alfonso de Portugal, heredero del trono lusitano, y la infanta Beatriz, hija de Sancho IV de Castilla y hermana de Fernando IV. Por otra parte, el monarca portugués aportó un ejército de trescientos caballeros, puestos a las órdenes de Juan Alfonso Télez de Meneses,4 para ayudar a la reina María de Molina en su lucha contra el infante Juan, que hasta ese momento había recibido el apoyo del rey Dionisio.
Además, se estipulaba en el tratado que las villas y plazas de Campo Maior, Olivenza, Ouguela y San Felices de los Gallegos serían entregadas a Dionisio de Portugal como compensación por la pérdida por parte de Portugal, durante el reinado de Alfonso III de Portugal de una serie de plazas que le fueron arrebatadas por Alfonso X. A cambio de los derechos portugueses en las tierras Ayamonte, Santiago de Alcántara, Herrera de Alcántara, Valencia de Alcántara, Aroche y Aracena fueron transferidos a la posesión definitiva de España.5 Al mismo tiempo, le fueron entregadas al rey portugués las plazas de Almeida, Castelo Bom, Castelo Melhor, Castelo Rodrigo, Monforte, Sabugal, Sastres y Vilar Maior. Los monarcas castellano y portugués renunciaron a plantearse mutuamente reclamaciones territoriales en el futuro. Los prelados de los dos reinos acordaron el 13 de septiembre de 1297 apoyarse mutuamente y defenderse de las posibles pretensiones, por parte de otros estamentos, de restarles libertades o privilegios. El Tratado fue ratificado no solo por los dos monarcas de ambos reinos, sino también por una representación abundante de los brazos nobiliario y eclesiástico de ambas naciones, así como por la Hermandad de los concejos de Castilla y por su equivalente del Reino de León. A largo plazo las consecuencias de este tratado serán duraderas, ya que la frontera entre ambos reinos apenas fue modificada en el curso de los siglos posteriores, convirtiéndose de esa forma en una de las fronteras establecidas entre dos países más longevas del continente europeo.
Por otra parte, el Tratado de Alcañices contribuyó a asegurar la posición en el trono de Fernando IV, insegura a causa de las discordias internas y externas, y permitió que la reina María de Molina ampliase su libertad de movimientos al no existir ya disputas con el soberano portugués, que había pasado a apoyarla en su lucha contra el infante Juan, quien, en esos momentos, aún seguía controlando el territorio leonés.
Cuestión de Olivenza[editar]
Con la firma de este tratado se dio comienzo a la disputa territorial entre España y Portugal por los terrenos pertenecientes a los municipios españoles de Olivenza y Taliga. En la actualidad este proceso se encuentra congelado desde el Congreso de Viena (1815).
Cortes de Valladolid de 1298. Cortes del reino de Castilla celebradas en la ciudad de Valladolid entre los meses de enero y febrero de 1298, durante la minoría de edad del rey Fernando IV de Castilla.
Fueron convocadas por la reina María de Molina, madre de Fernando IV de Castilla, y por el infante Enrique de Castilla el Senador, hijo de Fernando III de Castilla y tutor del rey Fernando IV durante su minoría de edad.
Las Cortes de Valladolid de 1298[editar]
Las Cortes de Valladolid de 1298 fueron una asamblea plena de todos los reinos que componían la Corona de Castilla, reunida en la época de plenitud de las Cortes castellanas,1 y a las que se convocó a los ricoshombres, maestres de las Órdenes militares y hombres buenos de las villas de Castilla, León y Extremadura. Los representantes del estamento eclesiástico no acudieron,2 aunque concedieron dos servicios al rey,3 y los representantes de los concejos también concedieron dos servicios al rey, que fueron destinados a pagar las soldadas de los nobles.
El infante Enrique de Castilla, tutor del rey Fernando IV, intentó nuevamente convencer a los representantes de los concejos para que accedieran a vender la ciudad de Tarifa al rey Muhammad II de Granada, aunque también en esta ocasión fracasó en su propósito,4 como ya había ocurrido en las Cortes de Cuéllar de 1297, gracias a la intervención de la reina María de Molina, que se opuso a dicho proyecto.5
El 12 de marzo de 1298, una vez finalizadas las Cortes de Valladolid de 1298, los «caballeros e los homes buenos personeros de la hermandad de las villas del regno de León» escribieron una carta al rey Dionisio I de Portugal para solicitar su apoyo en favor de Fernando IV, aunque en realidad las tropas portuguesas ayudaron al infante Juan de Castilla el de Tarifa, que se había rebelado contra su sobrino Fernando IV.6 No obstante, dicha carta dirigida al monarca portugués evidencia el compromiso y la solidaridad de los concejos leoneses con la reina María de Molina y su hijo Fernando IV,6 a pesar de que el infante Juan había sido proclamado en 1296 rey de León, de Sevilla y de Galicia, siendo coronado y ungido como tal en la catedral de León,7 aunque diversos historiadores señalan que el área de influencia del infante Juan se limitaba a la ciudad de León y a algunas villas cercanas.8
Una copia del ordenamiento de las Cortes de Valladolid de 1298 se conserva en el Archivo municipal de Béjar, aunque está deteriorado.9 Al igual que en las Cortes de Valladolid de 1299, en el ordenamiento de éstas se indica que las disposiciones de Fernando IV en las Cortes fueron realizadas «con consejo de la Reina Doña María nuestra madre e con otorgamiento del Infante (Enrique), nuestro tío e tutor».10
Disposiciones generales[editar]
- Los representantes de los concejos se quejaron al rey de los crímenes, saqueos y robos que se producían en el reino.11
- Todos aquellos que hubieran cometido un robo estarían obligados a reparar los daños ocasionados.3
- A todos aquellos que hubieran abandonado el bando de Fernando IV durante la guerra civil que asolaba el reino se les ordenaba volver al servicio del rey antes de la próxima Pascua de Resurrección y se les ordenaba reparar todos los daños y saqueos que hubieran cometido.4
- Los castillos de los nobles que se hubieran opuesto a Fernando IV serían demolidos y sus propiedades confiscadas.
- Los hombres buenos de las ciudades y concejos estarían encargados de hacer las pesquisas para atrapar a los que hubiesen cometido robos, asesinatos o saqueos.4
- A Juan Martínez de Rojas, merino mayor de Castilla, le fue encomendada la misión de reparar todos los daños que hubieran sufrido los habitantes de Castilla.4
- Los ricoshombres, infanzones y caballeros no podrían apoderarse de los bienes de los concejos y ciudades.
- Los bienes ubicados en las tierras de realengo no podrían pasar a la jurisdicción de abadengo y viceversa, tal y como había sido dispuesto en las Cortes de Haro de 1288, reunidas en el reinado de Sancho IV de Castilla.
- Al igual que en las Cortes de Cuéllar de 1297, se dispuso que los clérigos pagarían impuestos, al igual que el resto de los pecheros,12 cuando adquiriesen propiedades situadas en tierras de realengo.13 No obstante, dicha disposición no fue cumplida y se repitió nuevamente en las Cortes de Valladolid de 1299 y en las Cortes de Burgos de 1301, aunque en estas últimas con algunas modificaciones.
Cortes de Valladolid de 1299. Cortes del reino de Castilla celebradas en la ciudad de Valladolid entre los meses de enero y febrero de 1299, durante la minoría de edad de Fernando IV de Castilla.
Fueron convocadas por la reina María de Molina, madre de Fernando IV de Castilla, y por el infante Enrique de Castilla el Senador, tutor del rey Fernando IV durante su minoría de edad.
La sentencia arbitral de Torrellas fue un acuerdo establecido entre los representantes de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, y el reino de Portugal el 8 de agosto de 1304, relativo a las fronteras del reino de Murcia y a las reclamaciones del trono castellano-leonés por parte de Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio. La firma del acuerdo tuvo lugar en el municipio zaragozano de Torrellas, un lugar situado en el monte Moncayo, entre la ciudad castellana de Agreda y la ciudad aragonesa de Tarazona; de modo que el documento también es denominado Concordia de Agreda, Tratado de Tarazona o incluso Sentencia Arbitral de Torrellas-Campillo-Agreda-Tarazona.1
Las cláusulas de la sentencia fueron aprobadas por los reyes Fernando IV de Castilla, Jaime II de Aragón, Dionisio I de Portugal y Muhammad III de Granada.
Antecedentes[editar]
Por un lado el Tratado de Cazola (1179) donde se acordaban los límites de la conquista entre Castilla y Aragón soble la Taifa de Murcia.
Por otro el Tratado de Alcaraz (1243) que establecía al Reino de Murcia como territorio perteneciente a la Corona de Castilla.
La Sentencia Arbitral de Torrellas[editar]
El 8 de agosto de 1304, en la villa zaragozana de Torrellas, el rey Dionisio I de Portugal, el Arzobispo de Zaragoza, Jimeno de Luna, en representación de la Corona de Aragón, y el infante Juan de Castilla "el de Tarifa", representando a la Corona de Castilla, hicieron públicas las cláusulas de la Sentencia Arbitral de Torrellas. El propósito de la negociación era poner fin a las disputas existentes entre Castilla y Aragón con respecto a la posesión del reino de Murcia. Muhammad III de Granada participó en las conversaciones a petición de Fernando IV de Castilla, quien dispuso que en el tratado de paz y alianza entre los reinos cristianos de la península interviniera el rey de Granada, pues tenía interés en conservar la amistad, la sumisión y las parias que cada año se veía obligado a abonar al rey de Castilla el monarca granadino, y que constituían un preciado recurso para la Corona de Castilla. Por ello, Jaime II de Aragón y el rey Dionisio I de Portugal se avinieron a mantener buenas relaciones con el reino nazarí de Granada.2
Según lo dispuesto en la Sentencia, el reino de Murcia, que entonces se hallaba en manos de Jaime II de Aragón, sería repartido entre las Coronas de Aragón y de Castilla, y a lo largo del río Segura sería establecida la frontera meridional de Aragón. Las ciudades de Alicante, Cartagena,3 Elche, Orihuela, Monforte, y Elda, y también las poblaciones de Abanilla, Petrel, Crevillente, y Sax, continuarían en poder del monarca aragonés. En la Sentencia Arbitral se reconocía la posesión por parte del reino de Castilla y León de las ciudades de Murcia, Monteagudo, Alhama, Lorca y Molina de Segura. Los ciudadanos afectados por el cambio de soberanía tendrían libertad para permanecer en sus ciudades y villas si lo deseaban, o bien podrían abandonar libremente el territorio. Al mismo tiempo, los dos reinos acordaron conceder la libertad a los prisioneros de guerra, así como ser enemigos ambos de los enemigos de cada uno de ellos, exceptuando a la Santa Sede y al reino de Francia. El señorío de Villena continuó siendo propiedad de don Juan Manuel, hijo del infante Manuel de Castilla y nieto de Fernando III el Santo, pero las tierras en las que se asentaba permanecerían bajo soberanía aragonesa.
El día 8 de agosto de 1304, los reyes de Portugal y Aragón se pronunciaron, en presencia del infante Juan de Castilla "el de Tarifa", sobre las reclamaciones de los infantes de la Cerda. A Alfonso de la Cerda, apoyado por Jaime II de Aragón, le fueron concedidos como compensación por su renuncia al trono de Castilla una serie de señoríos y posesiones, dispersos por todo el territorio castellano-leonés a fin de evitar la conformación de un microestado, entre los que figuraban los de Alba de Tormes, Valdecorneja, Gibraleón, Béjar y el Real de Manzanares, además del castillo de Monzón de Campos, Gatón de Campos, La Algaba, y Lemos. Además, se concedieron a Alfonso de la Cerda numerosas rentas y posesiones en Medina del Campo, Córdoba, Toledo, Bonilla y Madrid. Fernando IV de Castilla, que deseaba que su pariente Alfonso de la Cerda disfrutase de una renta anual de 400.000 maravedíes, dispuso que si las rentas de las posesiones que le habían sido donadas no alcanzaban esa cantidad le entregaría otros territorios hasta que las rentas alcanzasen dicha cifra. Al mismo tiempo se dispuso que, en prueba de que el monarca castellano entregaría dichos señoríos a Alfonso de la Cerda, los castillos de Alfaro, Cervera, Curiel de los Ajos y Gumiel serían entregados a cuatro ricoshombres durante treinta años.
Por su parte, Alfonso de la Cerda renunció a sus derechos al trono castellano-leonés, a utilizar los títulos regios, y a usar el sello real. Al mismo tiempo, se comprometía a devolver al rey las plazas de Almazán, Soria, Deza, Serón, Alcalá, y Almenara. No obstante, al poco tiempo volvió a usar los símbolos de la realeza, contraviniendo lo acordado en Torrellas. La cuestión de los derechos al trono de Alfonso de la Cerda se resolvió definitivamente en vida del hijo y sucesor de Fernando IV, Alfonso XI, cuando en 1331, en Burguillos, Alfonso de la Cerda rindió homenaje al rey de Castilla y León.4 De ese modo se resolvió el problema originado en 1275 a la muerte del infante Fernando de la Cerda, padre de Alfonso de la Cerda e hijo y heredero de Alfonso X el Sabio, cuyos derechos al trono habían sido ignorados por Sancho IV, padre de Fernando IV de Castilla.
Fernando IV de Castilla se comprometió a que las cláusulas de la Sentencia Arbitral deberían ser juradas y acatadas por los ricoshombres, los magnates, los Maestres de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Temple y Hospital, y por los concejos de sus reinos.
En el invierno de 1305, hallándose Fernando IV en la ciudad de Guadalajara, el monarca recibió el homenaje de su primo Fernando de la Cerda, quien actuaba en nombre de su hermano, Alfonso de la Cerda. Este último manifestó por medio de su hermano que había recibido los castillos y señoríos que le fueron adjudicados en la Sentencia Arbitral de Torrellas, y rindió por primera vez homenaje a Fernando IV.
No hay comentarios:
Publicar un comentario