ÉPOCA MEDIEVAL
La sentencia arbitral de Torrellas fue un acuerdo establecido entre los representantes de la Corona de Castilla, la Corona de Aragón, y el reino de Portugal el 8 de agosto de 1304, relativo a las fronteras del reino de Murcia y a las reclamaciones del trono castellano-leonés por parte de Alfonso de la Cerda, nieto de Alfonso X el Sabio. La firma del acuerdo tuvo lugar en el municipio zaragozano de Torrellas, un lugar situado en el monte Moncayo, entre la ciudad castellana de Agreda y la ciudad aragonesa de Tarazona; de modo que el documento también es denominado concordia de Agreda, tratado de Tarazona o incluso sentencia arbitral de Torrellas-Campillo-Agreda-Tarazona.1
Las cláusulas de la sentencia fueron aprobadas por los reyes Fernando IV de Castilla, Jaime II de Aragón, Dionisio I de Portugal y Muhammad III de Granada.
Antecedentes[editar]
Por un lado el Tratado de Cazola (1179) donde se acordaban los límites de la conquista entre Castilla y Aragón soble la Taifa de Murcia.
Por otro el Tratado de Alcaraz (1243) que establecía al Reino de Murcia como territorio perteneciente a la Corona de Castilla.
La Sentencia Arbitral de Torrellas[editar]
El 8 de agosto de 1304, en la villa zaragozana de Torrellas, el rey Dionisio I de Portugal, el Arzobispo de Zaragoza, Jimeno de Luna, en representación de la Corona de Aragón, y el infante Juan de Castilla "el de Tarifa", representando a la Corona de Castilla, hicieron públicas las cláusulas de la Sentencia Arbitral de Torrellas. El propósito de la negociación era poner fin a las disputas existentes entre Castilla y Aragón con respecto a la posesión del reino de Murcia. Muhammad III de Granada participó en las conversaciones a petición de Fernando IV de Castilla, quien dispuso que en el tratado de paz y alianza entre los reinos cristianos de la península interviniera el rey de Granada, pues tenía interés en conservar la amistad, la sumisión y las parias que cada año se veía obligado a abonar al rey de Castilla el monarca granadino, y que constituían un preciado recurso para la Corona de Castilla. Por ello, Jaime II de Aragón y el rey Dionisio I de Portugal se avinieron a mantener buenas relaciones con el reino nazarí de Granada.2
Según lo dispuesto en la Sentencia, el reino de Murcia, que entonces se hallaba en manos de Jaime II de Aragón, sería repartido entre las Coronas de Aragón y de Castilla, y a lo largo del río Segura sería establecida la frontera meridional de Aragón. Las ciudades de Alicante, Cartagena,3 Elche, Orihuela, Monforte, y Elda, y también las poblaciones de Abanilla, Petrel, Crevillente, y Sax, continuarían en poder del monarca aragonés. En la Sentencia Arbitral se reconocía la posesión por parte del reino de Castilla y León de las ciudades de Murcia, Monteagudo, Alhama, Lorca y Molina de Segura. Los ciudadanos afectados por el cambio de soberanía tendrían libertad para permanecer en sus ciudades y villas si lo deseaban, o bien podrían abandonar libremente el territorio. Al mismo tiempo, los dos reinos acordaron conceder la libertad a los prisioneros de guerra, así como ser enemigos ambos de los enemigos de cada uno de ellos, exceptuando a la Santa Sede y al reino de Francia. El señorío de Villena continuó siendo propiedad de don Juan Manuel, hijo del infante Manuel de Castilla y nieto de Fernando III el Santo, pero las tierras en las que se asentaba permanecerían bajo soberanía aragonesa.
El día 8 de agosto de 1304, los reyes de Portugal y Aragón se pronunciaron, en presencia del infante Juan de Castilla "el de Tarifa", sobre las reclamaciones de los infantes de la Cerda. A Alfonso de la Cerda, apoyado por Jaime II de Aragón, le fueron concedidos como compensación por su renuncia al trono de Castilla una serie de señoríos y posesiones, dispersos por todo el territorio castellano-leonés a fin de evitar la conformación de un microestado, entre los que figuraban los de Alba de Tormes, Valdecorneja, Gibraleón, Béjar y el Real de Manzanares, además del castillo de Monzón de Campos, Gatón de Campos, La Algaba, y Lemos. Además, se concedieron a Alfonso de la Cerda numerosas rentas y posesiones en Medina del Campo, Córdoba, Toledo, Bonilla y Madrid. Fernando IV de Castilla, que deseaba que su pariente Alfonso de la Cerda disfrutase de una renta anual de 400.000 maravedíes, dispuso que si las rentas de las posesiones que le habían sido donadas no alcanzaban esa cantidad le entregaría otros territorios hasta que las rentas alcanzasen dicha cifra. Al mismo tiempo se dispuso que, en prueba de que el monarca castellano entregaría dichos señoríos a Alfonso de la Cerda, los castillos de Alfaro, Cervera, Curiel de los Ajos y Gumiel serían entregados a cuatro ricoshombres durante treinta años.
Por su parte, Alfonso de la Cerda renunció a sus derechos al trono castellano-leonés, a utilizar los títulos regios, y a usar el sello real. Al mismo tiempo, se comprometía a devolver al rey las plazas de Almazán, Soria, Deza, Serón, Alcalá, y Almenara. No obstante, al poco tiempo volvió a usar los símbolos de la realeza, contraviniendo lo acordado en Torrellas. La cuestión de los derechos al trono de Alfonso de la Cerda se resolvió definitivamente en vida del hijo y sucesor de Fernando IV, Alfonso XI, cuando en 1331, en Burguillos, Alfonso de la Cerda rindió homenaje al rey de Castilla y León.4 De ese modo se resolvió el problema originado en 1275 a la muerte del infante Fernando de la Cerda, padre de Alfonso de la Cerda e hijo y heredero de Alfonso X el Sabio, cuyos derechos al trono habían sido ignorados por Sancho IV, padre de Fernando IV de Castilla.
Fernando IV de Castilla se comprometió a que las cláusulas de la Sentencia Arbitral deberían ser juradas y acatadas por los ricoshombres, los magnates, los Maestres de las Órdenes Militares de Santiago, Calatrava, Temple y Hospital, y por los concejos de sus reinos.
En el invierno de 1305, hallándose Fernando IV en la ciudad de Guadalajara, el monarca recibió el homenaje de su primo Fernando de la Cerda, quien actuaba en nombre de su hermano, Alfonso de la Cerda. Este último manifestó por medio de su hermano que había recibido los castillos y señoríos que le fueron adjudicados en la Sentencia Arbitral de Torrellas, y rindió por primera vez homenaje a Fernando IV.
El tratado de Alcalá de Henares fue un acuerdo rubricado el 19 de diciembre de 1308 en la ciudad de Alcalá de Henares, (España), entre el rey Fernando IV de Castilla y los embajadores Bernaldo de Sarrià y Gonzalo García, que representaban al monarca Jaime II de Aragón.
Antecedentes[editar]
A comienzos de 1306, Fernando IV de Castilla había solicitado entrevistarse con Jaime II de Aragón, y desde ese momento los embajadores de ambos reyes intentaron fijar una fecha para el encuentro de los dos soberanos, que hubo de ser aplazado varias veces debido a los conflictos internos existentes en ambos reinos. Las cláusulas del tratado de Alcalá de Henares, firmado el 19 de diciembre de 1308, tuvieron su origen en los encuentros mantenidos por los reyes de Castilla y Aragón en el monasterio de Santa María de Huerta y en Monreal de Ariza en el mes de diciembre de 1308. Los temas discutidos en ambas entrevistas fueron el relanzamiento de la empresa bélica de la Reconquista, deseado por ambos reyes, el matrimonio de la infanta Leonor de Castilla, hija primogénita y heredera de Fernando IV, con el infante Jaime de Aragón, hijo y heredero de Jaime II de Aragón y, por último, la satisfacción de los compromisos contraídos por Fernando IV con Alfonso de la Cerda, que aún no habían sido satisfechos en su totalidad.1
Respecto al matrimonio entre la infanta Leonor y el infante Jaime, aunque fue celebrado nunca fue consumado, ya que el infante Jaime huyó de la ceremonia de esponsales, renunció poco después a sus derechos al trono, e ingresó en la Orden de San Juan de Jerusalén. La infanta Leonor contrajo matrimonio, años más tarde, con Alfonso IV, rey de Aragón, e hijo y sucesor de Jaime II. Respecto al segundo asunto debatido en las entrevistas, Fernando IV entregó a Alfonso de la Cerda 220.000 maravedíes que aún no le habían sido entregados y este último devolvió al rey las villas de Deza, Serón y Alcalá. La idea de emprender de nuevo la lucha contra el reino de Granada fue acogida con entusiasmo por ambos soberanos, que contaban con el apoyo del rey de Marruecos, quien se hallaba en guerra contra el rey Muhammad III de Granada. Se aprobó con la anuencia de ambas partes que las tropas del reino de Castilla y León atacarían las plazas de Algeciras y Gibraltar, mientras que los aragoneses conquistarían la ciudad de Almería.
Tras las entrevistas mantenidas entre ambos soberanos, Fernando IV se reunió en la villa de Almazán con su madre, la reina María de Molina, y ambos acordaron limpiar de malhechores la zona comprendida entre los municipios de Almazán y Atienza, y destruir las fortalezas que les servían de refugio, labor en la que tomó parte el infante Felipe de Castilla, hermano de Fernando IV. Por su parte, la reina María de Molina se mostró complacida ante los acuerdos alcanzados entre Fernando IV y el rey de Aragón. A continuación, el rey se dirigió a Alcalá de Henares.
Tratado de Alcalá de Henares[editar]
El 19 de diciembre de 1308, en el palacio arzobispal de Alcalá de Henares, Fernando IV de Castilla y los embajadores aragoneses Bernaldo de Sarrià y Gonzalo García rubricaron el tratado de Alcalá de Henares. Fernando IV, que contaba con el apoyo de su hermano, el infante Pedro, de Diego López V de Haro, del arzobispo de Toledo y del obispo de Zamora, acordó iniciar la guerra contra el reino de Granada el 24 de junio de 1309 y se comprometió, al igual que el monarca aragonés, a no firmar una paz por separado con el monarca granadino. El rey castellano aportaría diez galeras a la expedición y otras tantas el rey aragonés. Se aprobó con la anuencia de ambas partes que las tropas del reino de Castilla y León atacarían las plazas de Algeciras y Gibraltar, mientras que los aragoneses conquistarían la ciudad de Almería.
Fernando IV se comprometió a ceder una sexta parte del reino de Granada al rey aragonés, y le concedió el reino de Almería en su totalidad como adelanto por el mismo, excepto las plazas de Bedmar, Locubín, Alcaudete, Quesada y Arenas, que habían formado parte del reino de Castilla y León en el pasado. Fernando IV estableció que si se daba la circunstancia de que el reino de Almería no se correspondiese con la sexta parte del reino de Granada, el arzobispo de Toledo por parte de Castilla y el obispo de Valencia por parte de Aragón serían los encargados de resolver las posibles deficiencias de dicho cálculo. La concesión al reino de Aragón de una parte tan extensa del reino de Granada motivó que el infante Juan de Castilla "el de Tarifa" y don Juan Manuel protestasen contra la ratificación del tratado, aunque dicha protesta no tuvo consecuencias.
La entrada en vigor de las cláusulas del tratado de Alcalá de Henares supuso una notable ampliación de los futuros límites del reino de Aragón, que alcanzó unos límites mayores que los previstos en los tratados de Cazorla y Almizra, en los que se habían establecido las futuras áreas de expansión de los reinos de Castilla y Aragón en el pasado. Además, Fernando IV otorgó su consentimiento para que Jaime II de Aragón negociase una alianza con el rey de Marruecos, a fin de combatir al reino de Granada.
Tras la firma del tratado de Alcalá de Henares, los reyes Fernando IV de Castilla y Jaime II de Aragón enviaron embajadores a la Corte de Aviñón, a fin de solicitar al Papa Clemente V que concediese la condición de cruzada a la lucha contra los musulmanes del sur de la península ibérica, y para que concediese la necesaria dispensa para la celebración del matrimonio entre la infanta Leonor de Castilla, hija primogénita y heredera de Fernando IV, y el infante Jaime de Aragón, hijo y heredero de Jaime II de Aragón, a lo que el Papa accedió, pues dispensa para dicho matrimonio fue otorgada antes de la llegada de los embajadores a Aviñón. El 24 de abril de 1309 el Papa Clemente V, mediante la bula "Indesinentis cure", autorizó la predicación de la cruzada en los dominios del rey Jaime II de Aragón, y otorgó a la empresa los diezmos que habían sido destinados a la conquista de Córcega y Cerdeña.
Acuerdo firmado en Troncoso y ratificado en Bayona en 1388 entre Juan I de Castilla por una parte, y Juan de Gante y Constanza de Castilla por la otra, por el cual se ponía fin al conflicto sucesorio castellano desatado por la deposición de Pedro I de Castilla por Enrique II de Castilla.
En él se comprometió el matrimonio de los herederos de ambas líneas: Enrique (hijo de Juan I) y Catalina de Lancáster (hija de Juan de Gante y Constanza de Castilla). Ambos recibirían el título de príncipes de Asturias y sucederían a Juan I, reuniendo ambas líneas en la persona de sus herederos. Además, deberían ser puestos en libertad todos los hijos de Pedro I que estuviesen todavía en prisión, y aquellos que estuviesen en el exilio podrían regresar a Castilla. El tratado incluía la obligación del rey de Castilla de pagar una indemnización de 600 000 francos de oro a los de Lancáster, que se hizo efectiva ese mismo año.12
El matrimonio se llevó a efecto, pero no todos los hijos fueron puestos en libertad. Se tiene constancia de que Juan de Castilla siguió en prisión en Soria hasta su muerte.
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